Tres uruguayos ilustres.
Wilson Ferreyra Aldunate: dos veces senador, candidato a presidente. Precisamente el veto militar a su candidatura provoca el golpe militar de 1973 del que surge Bordaberry como presidente títere.
Zelmar Michelini: diputado, senador, candidato a presidente.
Héctor Gutiérrez Ruiz: varias veces diputado, presidente de la Cámara.
El golpe de los militares uruguayos produce su exilio en Buenos Aires, donde viven trabajando y respetando cuidadosamente las leyes de asilo durante tres años.
En mayo de 1976, son secuestrados y asesinados Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ferreyra Aldunate, previamente avisado, se había refugiado en la Embajada de Austria.
Desde allí manda esta carta a Videla.
Es algo extensa, pero recomiendo su lectura. Es todo un modelo de elegancia, que sin embargo no deja nada por decir.
Y muestra justamente la cara opuesta: la hipocrecía, el cinismo, de sus interlocutores que, por supuesto, hablaban otro lenguaje.
CARTA DE WILSON FERREIRA ALDUNATE A VIDELA
Buenos Aires, 24 de mayo de l976.
Excelentísimo señor presidente de la nación teniente general don Jorge Rafael Videla.
Señor presidente:
Dentro de pocas horas, buscaré el amparo de la embajada de un país democrático, cuyo gobierno respeta las normas que rigen la conducta de las naciones civilizadas. Antes de hacerlo, tengo el deber de escribirle estas líneas. No sé si llegará a leerlas, pero creo que le haría bien hacerlo.
Hace casi tres años, a consecuencia de los acontecimientos políticos ocurridos en Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y yo, uruguayos los tres, confiamos, como multitud de otros compatriotas, nuestra seguridad y la de nuestras familias a la protección de la bandera argentina. Poco o nada nos importó entonces ni después cuál fuera el gobierno o el régimen político que imperara en este país, pues en quien depositamos nuestra confianza fue en la propia nación. Así había sido siempre. Cuando nosotros -hablo también en nombre de mis compatriotas asesinados- integramos el gobierno uruguayo, acogimos en nuestra tierra a los perseguidos que llegaban a ella, procedentes de todos los sectores políticos y sociales, sin preguntar siquiera a cuáles pertenecían: eran argentinos, y eso bastaba. Cristianos y marxistas, civiles y soldados; radicales en 1930; antiperonistas en la década del 50; peronistas desde 1945; antiperonistas luego, fueron recibidos y protegidos con fraterna solidaridad. Procedimos así, no sólo obedeciendo los dictados de nuestro honor, sino también porque, de haber querido hacer lo contrario, nos lo hubiera impedido el país entero, aferrado a una nunca desmentida tradición nacional. Con la misma hidalguía fueron recibidos aquí aquellos uruguayos obligados a alejarse de su propia patria por las tormentas políticas, siempre, a lo largo de toda nuestra vida independiente. La razón de todo ello es muy sencilla: ¿Cómo podría ser diferente, si nuestras dos patrias nacieron y vivieron en el culto de altos valores morales de solidaridad humana? ¿Si hasta para los infrahumanos el huésped es sagrado, si respetar y defender a quien se alberga en nuestro hogar es condición necesaria para preservar la propia decencia y el respeto por sí mismo, cómo no iba a ser así entre argentinos y uruguayos? Y gracias a Dios, ésa fue la ley sagrada, a lo largo de toda la historia, en los dos países del Plata y para su mutuo honor. Héctor Gutiérrez Ruiz es -porque no puede quitárselo nadie- el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay. Representa en ella al Partido Nacional, a pesar de un comunicado expedido desde Montevideo por quienes se ceban, como algunos animales inmundos, en los propios cadáveres. La condición de integrante del Partido Nacional, de blanco, como decimos los orientales, la damos y quitamos los blancos mismos, y no está al alcance de los enemigos de su patria y de su partido. Tenía 43 años y presidía una maravillosa familia cristiana que integraba con su mujer y sus cinco hijos. Todos vivían, desde l973, en Buenos Aires. Zelmar Michelini es padre de diez hijos, y también desde 1973 trabajaba de sol a sol aquí en Buenos Aires para mantener a su mujer y sus hijos pequeños, y para ayudar a los un poco más grandes, que todos son muy jóvenes. Diputado, ministro, senador, siempre militó en filas políticas distintas que las de Gutiérrez Ruiz y mías. Pero todos sentimos siempre por él un inmenso respeto, que se volvió, hace ya bastantes años, amistad entrañable. Toda mi vida política se desarrolló, señor presidente, cerca de estos hombres: uno al lado, y el otro enfrente. Pero en lo que nunca discrepamos fue en la necesidad de combatir toda forma de violencia injusta, cualquiera fuera su origen, y de afirmar la libertad y la dignidad de toda criatura humana. Tengo la seguridad de que si los tres estábamos obligados a vivir fuera de la patria, fue precisamente porque quienes hoy la dominan están empeñados en eliminar la violencia ajena, pero extreman la propia hasta límites de horror. No quiero repetirle, señor presidente, las trágicas circunstancias en que fueron asesinados los dos compatriotas a que me refiero: su excelencia debe conocerlas perfectamente, porque han sido publicadas en algunos pocos órganos de prensa, denunciadas ante usted por las dos viudas cuando, ahora lo sabemos, sus maridos aún vivían, y porque la propia Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la nación emitió un comunicado señalando la preocupación de esta última ante lo que eufemísticamente se señala como "desaparición de periodistas", y haciendo pública la decisión de que se investiguen exhaustivamente los hechos. Por otra parte, una vez aparecidos los cadáveres, por la misma vía, se reiteraron idéntica preocupación y la misma voluntad investigadora. Éstos son los hechos que el señor presidente tiene el derecho y la obligación de saber: La captura del señor presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, don Héctor Gutiérrez Ruiz, fue efectuada en las primeras horas del 18 de mayo, en su domicilio sito en Posadas 1011, casi Carlos Pellegrini, por un nutrido grupo de individuos provistos de armas de guerra, que actuaron en forma pública, pausada y disciplinada. Llegaron en varios automóviles Falcon blancos, idénticos a los que usa la Policía Federal, y desde ellos se comunicaban, por radio y a alto volumen, con un comando central desde donde se impartían instrucciones. Por otra parte, los secuestradores informaban a gritos, desde el cuarto piso del edificio, a quienes habían permanecido en la calle, el progreso del "operativo". Los asaltantes permanecieron durante una hora entera en el domicilio de Gutiérrez Ruiz, pues luego de maniatarlo y dominar bajo la amenaza de las armas a su mujer y las cinco pequeñas criaturas, se dedicaron a una metódica y parsimoniosa operación de saqueo. No dedicaron la más mínima atención a libros, cartas, documentos, llevándose solamente todos los objetos de valor, dinero y -quizá tengan hijos ellos también- las revistas infantiles de los más pequeños. El señor ministro de Defensa Nacional manifestó a dos corresponsales extranjeros por separado, la noche del 20 (menos de 48 horas después de los hechos) que se trataba de una "operación uruguaya"; creo necesario señalar que en esa etapa de su ejecución material no intervinieron agentes de esa nacionalidad. Así lo aseguran categóricamente la señora de Gutiérrez Ruiz, los dos hijos del senador Michelini que presenciaron los hechos y el personal del hotel Liberty, quienes coinciden en ello invocando la ausencia de modismos y hábitos de lenguaje que nos son tan característicos, y la ignorancia de ciertos datos históricos (quién era Aparicio Saravia, por ejemplo) inconcebible en cualquier compatriota. En consecuencia, tengo la seguridad de que el señor ministro de Defensa, al hacer tales manifestaciones, debe haber querido indicar: "planeada u ordenada desde el Uruguay". Durante toda la operación, no se hizo presente ningún policía procedente de la seccional próxima, a pesar de la natural alarma que los hechos suscitaron en el vecindario y entre quienes acertaron a pasar por el lugar. Tampoco acudió nadie desde las nutridas custodias armadas permanentes instaladas ante las embajadas de Brasil, Francia, Rumania e Israel, a pesar de que la más lejana se encuentra a menos de ciento cincuenta metros, y algunas en la proximidad inmediata. Los asaltantes no entraron en el edificio por la puerta más discreta señalada con el número 1011, sino por la gran puerta de la esquina con el pasaje Seaver, exactamente frente a la entrada de un edificio donde habitan el agregado militar de Brasil y el doctor Marcelo Sánchez Sorondo, y que cuenta con guardia armada permanente. Dicha guardia intervino, pero se retiró cuando los asaltantes exhibieron credenciales que los individualizaban como integrantes de la policía y las fuerzas armadas, actuando, según manifestaron, en "operativos conjuntos". Héctor Gutiérrez Ruiz fue sacado de su casa a medio vestir, maniatado y con una funda sobre la cabeza, a empellones. Quienes lo conducían no demostraron ninguna nerviosidad y actuaron sin apresuramientos, utilizando nuevamente la puerta principal, más iluminada y visible, por la que habían entrado, a pesar de que directamente ante sí, al salir del ascensor, se encontraba la otra más cercana y discreta que volvieron a desdeñar. Y se alejaron, con su víctima y su magro botín, sin que hubiera hecho acto de presencia ningún representante de las que se ha dado en llamar "fuerzas del orden". La aprehensión del senador Michelini se efectuó dos horas después de finalizado el episodio que he referido. Intervinieron en ella, presumiblemente, los mismos individuos u otros que obedecían a los mismos mandos, pues habían manifestado a la señora de Gutiérrez Ruiz que debía abstenerse de avisar a "Michelini y los otros uruguayos", pues de lo contrario ejecutarían a su marido. De cualquier modo, y para asegurarse, destruyeron el teléfono, pero no consideraron necesario apresurarse, ante el temor de ser perseguidos o de que la señora de Gutiérrez Ruiz hubiera encontrado un medio para dar la alerta. Los asaltantes no tenían, pues, temor de fuerzas militares o policiales que pudieran estar esperándolos en el hotel Liberty, como bien hubiera podido suceder. El hotel Liberty, donde fue secuestrado el senador Michelini, se encuentra situado en la calle Corrientes, casi esquina Florida, y esta esquina es el Times Square o el Piccadilly Circus de Buenos Aires. En la acera de enfrente, y en la otra esquina de Corrientes con Maipú, se encuentra la dependencia quizá mejor custodiada de la ciudad: la sede de ENTEL telefónica estatal que mantiene, en ese edificio, el más importante nudo de comunicaciones internas y externas de la República Argentina. No puede penetrarse en él sin exhibir la documentación personal, y ser cacheado por los centinelas militares provistos de ametralladoras. En la misma manzana, sobre la calle Sarmiento, se encuentra la Embajada de Estados Unidos, provista día y noche de una excepcional custodia, y ante cuyo frente estacionan permanentemente por lo menos dos vehículos con efectivos fuertemente armados. A pesar de todo ello, también aquí los secuestradores actuaron con increíble ostentación, públicamente, evidenciando total seguridad y, por consiguiente, no mostrando prisa ni propósito de ocultarse. Estacionaron sus tres vehículos en violación de las normas vigentes, ocuparon militarmente el frente y el iluminado hall del hotel, intimidaron a la totalidad del personal, obtuvieron las llaves, se hicieron conducir a la habitación del senador Michelini donde, tras inmovilizar a los dos hijos que lo acompañaban, lo obligaron a levantarse y vestirse y luego procedieron a vendarle los ojos. Pero no descendieron inmediatamente a la planta baja; por el contrario, iniciaron aquí también una sistemática operación de saqueo, haciendo fardos con las sábanas, en los que introdujeron cuánto objeto pudieron encontrar. Permitieron que el senador Michelini se dirigiera al baño, y lo autorizaron a llevar consigo los medicamentos que tomaba habitualmente. Finalmente, antes de retirarse, procedieron a despojar a los hijos del senador Michelini de sus relojes pulsera. Sólo entonces se retiraron, profiriendo en alta voz amenazas de muerte, y siempre sin intentar el más mínimo ocultamiento. Toda esta conmoción sucedía en la acera de enfrente de la guardia militar de ENTEL. Al ver aquella expedición integrada por individuos provistos de armas cortas, pistolas, metralletas y escopetas Itaka, dichos soldados deben necesariamente haberse abstenido de intervenir en la seguridad de que se trataba de personal militar o policial autorizado. En estos casos y en estos tiempos, los destacamentos militares actúan en base a seguridades, y no "por las dudas". Si así no fuera, los movimientos subversivos hubieran triunfado ya hace mucho tiempo. Pero los hechos son ésos: a esa altura, ya hace cuatro horas que una banda de secuestradores y asaltantes, numerosa y bien armada, se ha enseñoreado del centro de la ciudad de Buenos Aires y lo recorre cometiendo desmanes, secuestrando ciudadanos ilustres de un país vecino, saqueando viviendas, copando grandes hoteles, profiriendo gritos y amenazas, sin que intervenga ningún integrante de la policía o las fuerzas armadas, o ponga tales hechos en conocimiento de sus superiores. La familia de Gutiérrez Ruiz presenció aterrorizada, durante una hora, frente al jefe de familia atado y encapuchado, toda la operación de saqueo. Vio por lo tanto cuáles fueron los objetos que los ladrones se llevaron, pero también aquellos que desdeñaron luego de tenerlos en sus manos. Ninguno de los malhechores usaba guantes y sus huellas digitales quedaron estampadas por toda la casa, y algunas de ellas, muy nítidas, en lugares que no son tocados corrientemente. Tal es el caso de cuadros provistos de vidrio, colgados a cierta altura, y que los asaltantes tocaron varias veces y luego arrojaron al suelo. La misma profusión de huellas dejaron en las habitaciones del senador Michelini, donde también actuaron exhibiendo la seguridad de su impunidad. Los familiares de ambos secuestrados intentaron, inmediatamente, denunciar lo ocurrido ante la autoridad competente, a efectos de individualizar las dependencias a donde pudiera habérseles conducido. Pero ello en interés de las propias familias, que ante un procedimiento que se les aparecía como oficial, querían iniciar lo antes posible las gestiones tendentes a lograr la liberación de los presos. Lo que no se comprende es para qué necesitaban la denuncia las autoridades, aun en el supuesto de que los hechos no fueran obra suya, tratándose de gravísimos delitos de acción pública, cometidos a vista y paciencia de numerosas autoridades, con alarma pública y que causaron -a las pocas horas- una profunda conmoción en el mundo entero. Organizaciones democráticas en los más diversos países, hombres destacados de todas las nacionalidades, su santidad el papa, y muchos gobiernos (entre los que no se contaba, desde luego, el de su propia patria) ponen en juego todos los medios para obtener la liberación de los secuestrados. Pero el gobierno argentino manifiesta que "en ciertos casos no existen las respectivas denuncias ante las comisarías de la capital federal". No es verdad: las denuncias existieron, pero la policía se negó a tomar constancia de las mismas. Inmediatamente después de llegar a su casa los primeros amigos, la señora de Gutiérrez Ruiz compareció ante la comisaría de policía que corresponde a su domicilio, sita en la calle Suipacha 1156, donde recibió una cerrada negativa a registrar su denuncia ya que, se le dijo, "era sólo desperdiciar papel". Todo esto ocurrió en presencia del representante en la Argentina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, antiguo amigo de la familia. En estas circunstancias, la señora de Gutiérrez Ruiz se dirigió a las Oficinas Centrales de Telégrafos, a fin de enviar telegramas al ministro del Interior, al jefe de la policía, a los comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea y a usted, señor presidente, pero dichos telegramas no le fueron aceptados por carecer de documentos. De nada valió el argumento de que los asaltantes se los habían llevado, conjuntamente con los de toda su familia, ni el ofrecimiento de quienes la acompañaban, que exhibieron su propia documentación, de hacerse responsables del texto de los telegramas y de la identidad de quien los expedía. La señora debió volver entonces a la Seccional 15 de policía, a denunciar el hurto de sus documentos, pero, nuevamente, las autoridades policiales se negaron a recibir su denuncia, ya que quienes hurtaron o "retiraron" las cédulas de identidad podrían ser policías. Luego de muy larga discusión se aceptó la manifestación de que habían sido "extraviados", y con esta constancia, la señora pudo al fin volver al telégrafo y enviar sus mensajes. Exactamente la misma pesadilla vivieron simultáneamente los hijos del senador Michelini y quienes los acompañaban. Inmediatamente después de retirados del hotel Liberty los secuestradores, el conserje señor Mario Procacci procedió a denunciar los hechos en la Seccional l de policía, sita en Lavalle 45l. La denuncia no le fue recibida, negándose los funcionarios a registrarla porque –dijeron- se les había informado que en las inmediaciones se estaban efectuando diversos "operativos conjuntos", y el que se denunciaba debía ser uno de ellos. El señor Procacci manifestó entonces que, de cualquier modo, él se veía obligado a hacer la denuncia como responsable del hotel durante la noche, ya que habían sido hurtados objetos, ropas y enseres propiedad del hotel. Tampoco este requerimiento fue atendido. Poco después de las 9.30 de la mañana, el mayor de los hijos que acompañaban al senador Michelini cuando se produjo el asalto, se presentó en la misma seccional de policía pretendiendo denunciar el secuestro de su padre y el hurto de efectos pertenecientes al propio denunciante y a su hermano, y nuevamente se produjo la negativa policial a admitir la presentación de la denuncia, que tampoco se aceptó -como en el otro caso- para el hurto o la requisa de los documentos, admitiéndose sólo la notificación de su "extravío".
Al cerrarse la noche que va del 18 al 19 de mayo, la policía no ha aceptado denuncia alguna; ningún agente se ha hecho presente en los lugares de los hechos; el juez federal competente no ha ordenado ninguna diligencia o pericia; no se ha recibido contestación a ninguno de los telegramas enviados, entre los que se encuentra el dirigido a usted, señor presidente; las huellas dactilares de los criminales están esperando ser reveladas, en un país donde todos los habitantes -nacionales y extranjeros- tienen las impresiones de sus diez dedos archivadas y clasificadas en un registro único de carácter nacional. Aunque entonces ni sus familiares ni sus amigos lo sabíamos, a Zelmar Michelini y a Héctor Guitiérrez Ruiz les quedaban 48 horas de vida.
El día 19, la preocupación por la libertad de nuestros compatriotas comenzó a transformarse en el riesgo de algo aun más grave cuando diversas personalidades argentinas recibieron, tanto en la policía como en el gobierno y las fuerzas armadas, la asombrosa manifestación de que en los arrestos no han intervenido ni policías ni militares, y que no se encuentran en poder de ninguna de las armas ni de la policía. Se nos hace saber por vía muy indirecta que usted, señor presidente, estaría seriamente preocupado por los hechos, y que habría ordenado una investigación de los mismos. La oficina en Buenos Aires del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados presenta un recurso de hábeas corpus ante la justicia argentina. Siguen llegando a los familiares de los secuestrados mensajes de solidaridad de personalidades del mundo entero, y el gobierno argentino recibe, también de todo el mundo, exhortaciones para que defienda la vigencia de normas impuestas por el derecho de gentes y los principios de humanidad. Tarde en la noche, nadie ha llegado a inspeccionar los lugares de los hechos ni a indagar a los numerosos testigos de los mismos, ni a recoger huellas materiales o indicios, ni a detectar impresiones digitales que siguen allí, y que permitirían, si alguien con autoridad se preocupara por ello, individualizar en menos de una hora a los asaltantes, y por consiguiente, rescatar a nuestros compañeros. Entonces lo ignorábamos todos, pero ahora lo sabemos: Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini estaban todavía vivos, pero apenas les quedaban 24 horas de vida. Sus familias no habían recibido contestación a ninguno de los telegramas que habían dirigido a las autoridades, entre los que se contaban los que usted recibió, señor presidente, a las 19.30 del día anterior, según constancia expedida por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. El día 20 de mayo no ocurrió, aparentemente, nada nuevo, salvo la progresiva angustia de todos, familiares y amigos uruguayos y argentinos que seguían los acontecimientos en Buenos Aires, así como de aquellos que hacían llegar su emotiva solidaridad desde el exterior. Una fuente reservada, pero de nuestra confianza, nos había hecho saber que los dos compatriotas estaban presos en una unidad militar. Pero las fuentes oficiales insistían en negar todo conocimiento de los hechos. A la noche, en una recepción, el ministro de Defensa, brigadier mayor (r) José María Klix, formuló primero a un corresponsal extranjero, y luego a otro, la misma sorprendente manifestación a que me he referido al comienzo de esta carta: "se trata de una operación uruguaya", y agregó, en forma aun más increíble: "todavía no sé si oficial o no". No tengo la más mínima duda de que el señor ministro expresó la verdad, en cuanto indicó quiénes inspiraron, encargaron u ordenaron los hechos, pero no en lo que respecta a los órganos, instituciones e individuos que intervinieron en su ejecución material. Gobernantes y personalidades de todo el mundo hacen llegar su preocupación al gobierno argentino. El gobierno uruguayo no ha hecho ninguna gestión oficial o extraoficial interesándose por la suerte de estas dos personalidades, ni considera conveniente manifestar al menos su "preocupación" por los hechos. La justicia federal no ha entendido necesario intervenir en forma alguna indagando las circunstancias en que fueron cometidos los graves delitos de acción pública que conmueven al mundo entero y ya son escandalosamente notorios en el propio país, pues La Opinión, diario cuya redacción integraba el senador Michelini, denuncia reiteradamente los hechos y exige su inmediata aclaración. Lo propio hace el Buenos Aires Herald, pero no el resto de la prensa, incluyendo grandes diarios cuyos propietarios y directores residieron en Uruguay, cuando en su hora conocieron el destierro, protección y amparo. Tampoco ha llegado un solo policía; nadie ha interrogado a las decenas de personas que vieron a los secuestradores, ni a quienes tuvieron oportunidad de ver los carnés oficiales que exhibieron, ni al portero de la calle Posadas, que fue largamente interrogado por los secuestradores, ni al personal de conserjería del hotel Liberty, ni a quien condujo el ascensor que los llevó al séptimo piso, ni a los familiares que tuvieron a los criminales a la vista durante horas de agonía. Las impresiones digitales siguen allí, esperando que llegue alguien de la policía, del Poder Judicial, del gobierno, de las fuerzas armadas, a iniciar la simple gestión, el trámite casi administrativo que conduzca a la liberación de nuestros presos. Las familias de ambos no han recibido aún contestación a sus mensajes, ni del ministro del Interior, ni del jefe de policía, ni de los comandantes en jefe de la Armada o la Fuerza Aérea, ni de usted, señor presidente. No saben que en esos momentos estos dos hombres que eran y son orgullo de mi país, están siendo asesinados en la forma repugnante y sucia en que lo fueron, y que no le describo porque usted ya debe saberlo, señor presidente, y porque me costaría demasiado hacerlo. El día 2l de mayo tomamos conocimiento del comunicado expedido por la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la nación, que no hace sino aumentar nuestra ya angustiosa preocupación. El documento dice textualmente: "Ante las desapariciones de periodistas ocurridas en los últimos días, las cuales provocaron honda preocupación en distintos círculos del país y del exterior -y de la cual participa, asimismo, el gobierno de la nación-, el ministro del Interior, general de brigada Albano Harguindeguy, informó que ha recabado amplios informes sobre tales desapariciones. Igualmente, y aunque en ciertos casos no existen las respectivas denuncias ante las comisarías de la Capital Federal, se ha ordenado una exhaustiva investigación de los casos dados a conocer por distintos medios". ¿A qué venía eso de calificar como "desaparición de periodistas" el secuestro de dos de las personalidades políticas más importantes de Uruguay, ampliamente conocidas en ambas márgenes del Plata? ¿A qué venía eso de afirmar que en ciertos casos no existen las respectivas denuncias, cuando los familiares, desde el día mismo de los secuestros, no habían hecho otra cosa que recorrer infructuosamente dependencia tras dependencia, en el vano intento de conseguir que alguien tomara en cuenta sus denuncias? ¿A qué venía eso de ignorar que el propio señor ministro general Harguindeguy había recibido en su despacho, a las l9.30 del día de los secuestros, los telegramas enviados por los familiares de ambas víctimas, y que de acuerdo con la ley argentina las denuncias de delitos no están sometidas a formalidad o solemnidad alguna? ¿A qué venía eso de ocultar que policía y justicia tienen la obligación de intervenir sin necesidad de denuncia alguna en todos los casos de delitos graves, perseguibles de oficio? Pero, a pesar de ello, por primera vez un ministro decía públicamente lo que hasta entonces sólo se adelantaba en forma indirecta y privada: la voluntad de investigar. Sin embargo, el transcurso de las horas confirma que ello es mentira: a la noche, no ha llegado la policía ni se ha hecho presente la justicia; ya sabemos todos que nunca nadie vendrá a recoger las pruebas y que la suerte de nuestros compañeros está en las manos de Dios. Nos llega la noticia de que algunos órganos de prensa y agencias de noticias habrían recibido comunicaciones presuntamente emanadas de grupos guerrilleros, informando que los cadáveres de nuestros compatriotas estarían dentro de un vehículo, en un lugar determinado de la ciudad. Consultada la policía, desmiente categóricamente la información, pero ya nadie cree en nada de lo que dice. Familiares y amigos ven disminuir cada vez más sus esperanzas, pero aún no saben que hace ya 24 horas que fueron asesinados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y que sus cuerpos habían sido "encontrados" por la policía. El sábado 22 de mayo la familia de Gutiérrez Ruiz en la calle Posadas y la de Michelini en el hotel Liberty, esperaron durante todo el día la llegada de los investigadores anunciados por el ministro general Harguindeguy. Y como no llegaron, una hija de Michelini, Margarita, y la señora de Gutiérrez Ruiz comparecieron con testigos ante el escribano público César J Ceriani Cernadas e hicieron labrar, separadamente, sendas actas de manifestación, protesta y notificación, en las que hicieron constar los hechos y solicitaron se notificara formalmente al Ministerio del Interior la denuncia de los mismos. Labradas las actas respectivas, el escribano actuante compareció en horas de la tarde en el Ministerio del Interior, donde se negaron a recibir la notificación de la denuncia, en razón de que "no era hora de oficina", indicándosele que debía volver el lunes siguiente. Por su parte, la señora de Gutiérrez Ruiz procedió a enviar tres telegramas. Dos, de idéntico texto, estaban dirigidos al ministro del Interior y a usted, señor presidente, y en ellos, luego de describir una vez más los hechos, decía: "Héctor Gutiérrez Ruiz es el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay y dirigente del Partido Nacional, fuerza política tradicional nacida junto con la propia patria. Repitiendo un episodio que ha sido común en la historia del Río de la Plata, los hechos políticos determinaron que nuestra familia haya vivido desde junio de 1973 en este país, acogida a la hidalga hospitalidad de la nación argentina, y para retribuirla, cumpliendo estrictamente con su deber moral de no intervenir en forma alguna en los problemas políticos del país que les dio amparo. En mi nombre y en el de mis cinco hijos, solicito al señor presidente que ordene un rápido esclarecimiento de los hechos que permita que nuestro hogar pueda contar nuevamente con su jefe". Al mismo tiempo, la señora de nuestro compañero envió otro telegrama colacionado a su señora, señor presidente, que decía así: "Señora Alicia Raquel Hartridge de Videla. Balcarce, 50. Pido a usted interceda para que se extremen esfuerzos que permitan que mi marido, Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, pueda volver a su mujer, sus cinco hijos y al hogar cristiano que pudimos preservar de las tormentas políticas al amparo de la generosa hospitalidad argentina. Este telegrama no está destinado a hacerse público. Quiera Dios que podamos agradecerle la vida entera lo que haga por nosotros. Muchas gracias. Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz". Cuando la señora de Gutiérrez llegó a su casa luego de efectuadas las diligencias referidas, la esperábamos allí sus amigos para decirle que había aparecido el cuerpo de su marido asesinado. Hacía ya dos horas que todas las emisoras de radio difundían un comunicado de la Policía Federal dando cuenta del "hallazgo" de los cadáveres. Usted no consideró necesario contestar ninguno de los mensajes que se le dirigieron. Ninguna autoridad o miembro de su gobierno expresó su pena o presentó sus condolencias a los familiares de estos huéspedes ilustres de la República Argentina, vilmente asesinados en su suelo. Y nadie pensó siquiera en notificar a las familias de las víctimas, para evitar que recibieran la noticia en la calle, leyendo los diarios u oyendo la radio. La única referencia que tuvieron de usted, señor presidente, fue la notificación de que el telegrama que se le dirigió fue entregado el día 24, y de que su señora, señor presidente, se había negado a recibir el que le estaba destinado. Me he abstenido deliberadamente de hacer calificativos, pero nadie vacilará en decir que el comunicado expedido por la Policía Federal es repugnante. Dice textualmente: "La Policía Federal argentina comunica que el día de ayer (21), siendo la hora 2l.20, en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Dellepiane, fue hallado un vehículo marca Torino coupé, color rojo, abandonado. En el interior del mismo se encontraba el cadáver de una persona de sexo masculino, e inspeccionado el baúl del rodado se hallaron otros tres cadáveres, uno del sexo femenino y dos del masculino. Las pericias realizadas sobre los cadáveres permitieron establecer la identidad de tres de ellos, a saber: Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Rosario del Carmen Barredo de Schroeder, concordando los nombres de los occisos con los mencionados en los panfletos hallados en el interior del rodado, en los que una agrupación subversiva se adjudicaba la autoría del hecho. Los cadáveres presentaban varios impactos de bala y sus cuerpos se hallaban maniatados. Participa en el hecho la comisaría 40, con intervención del señor juez nacional de primera instancia en lo criminal y correccional federal, doctor Alfredo Marquardt, secretaría del doctor Roberto Preller, tribunal que se constituyó en el lugar de los hechos y adoptó las medidas judiciales del caso". Como se ve, los asesinos intentan atribuir sus crímenes a la subversión, y vincular los muertos con ella. No me detengo siquiera a considerar esta posibilidad: no hay un solo uruguayo o argentino decente que crea en ella; quizá por eso mismo nadie, ni siquiera los autores del comunicado, han insistido en ella. En estos momentos, dos días después de expedido el comunicado trascripto, y cuando terminamos de velar los cuerpos de nuestros queridos muertos, ignoramos cuáles pueden ser las "medidas judiciales del caso" ordenadas por el juez federal doctor Marquardt porque no ha llegado, y ya sabemos que jamás llegará ningún agente o funcionario a recoger las pruebas o interrogar a los testigos, en cumplimiento de las "medidas judiciales" o de la "investigación exhaustiva" que dijo haber iniciado el ministro, general Harguindeguy, o la que usted, señor presidente, anunció haber ordenado. ¡Cuánto más sencillo y rápido resulta tomar huellas para individualizar a las víctimas que hacerlo para descubrir a sus asesinos, o aun, durante tres largos días, para salvar vidas humanas! Por otra parte, señor presidente, todo eso no tiene ya ninguna importancia: nadie ni nada podrá devolvernos a nuestros compañeros muertos, y usted, señor presidente, y yo y todos, sabemos dónde están sus asesinos. No deseo molestarlo más ni distraerlo de sus altas preocupaciones. Por eso, no le relato las enormes dificultades que hubo que vencer para recuperar los cadáveres de nuestros muertos, ni el súbito sentido del deber que repentinamente acomete al juez federal, que adopta medidas, no para capturar a los asesinos, sino para retener los cadáveres y no entregarlos a los deudos, aun después de efectuadas las autopsias, ni las influencias que hubo que mover y las gestiones que hubo que realizar para que al fin fueran entregados. Tampoco creo necesario darle detalles del tratamiento agresivo y soez que recibieron los familiares de los muertos en las seccionales de policía, ni de las manifestaciones que allí se les hicieron amenazándolos con filmar los velatorios, si se atrevían a realizarlos, para individualizar a los asistentes. Pero sí quiero decirle algo sobre los otros dos compatriotas cuyos cuerpos sin vida fueron "encontrados" junto a los de nuestros dos amigos. No los conocía. Se dice que pertenecían a una organización guerrillera, pero no tengo ningún modo de saber si ello es cierto o no. Pero si tal fuera el caso, resulta evidente que se los mató al solo efecto de hacer aparecer a nuestros dos amigos como vinculados con la guerrilla. Y no sé si esto no es lo más abyecto de todo este sucio episodio: quitar la vida a dos seres humanos por la única razón de apuntalar una mentira. Quiera Dios que la saña de los asesinos respete por lo menos la vida de sus hijos desaparecidos. La policía argentina ha ido a buscarme a mi casa hace unas pocas horas. Hace ya varias noches que no duermo en ella y, como le dije, buscaré ahora el amparo de la embajada de un país cuyo gobierno se respeta a sí mismo, y por ello respeta y ampara la vida humana. Cuando llegue la hora de su propio exilio -que llegará, no lo dude, general Videla-, si busca refugio en Uruguay, un Uruguay cuyo destino estará nuevamente en manos de su propio pueblo, lo recibiremos sin cordialidad ni afecto, pero le otorgaremos la protección que usted no dio a aquellos cuya muerte hoy estamos llorando
Wilson Ferreira Aldunate
